La Secretaría imputó a la empresa de gaseosas por «aumentos flagrantes».
En un plan de endurecimiento de controles y sanciones, la Secretaría de Comercio Interior realizó un relevamiento de precios para saber a que montos venden las grandes alimenticias en los locales barriales y supermercados chinos, es decir por fuera de los acuerdos como Precios Justos, que se encuentran vigentes en grandes hipermercados.
La pesquisa incluyó revisión de facturas, de esa manera se concluyó que varias empresas top globales subieron los precios muy por encima de lo permitido en los acuerdos (3,2 por ciento), y que hay indicios concretos de una maniobra por la cual las empresas recuperan márgenes aumentando más en los locales donde no hay acuerdos de precios y donde el Estado no tiene herramientas suficientes para controlar. Concretamente, un mismo producto puede tener aumentos de hasta 10 por ciento en los barrios, cuando en los hipermercados, ese mismo producto, tiene aumentos autorizados por el Gobierno no mayores al 3,2 por ciento.
Entre las grandes empresas apuntadas están Coca Cola, que fue imputada por no cumplir con Precios Justos; Mastellone, la dueña de La Serenísima y la fancesa Danone, que es socia de la empresa láctea de capitales nacionales. A esto se suma, además, una inspección sobre el 40 por ciento de los locales que la cadena de supermercados Día tiene en el país, que derivó en 75 imputaciones y tres clausuras.
El Gobierno empezó a ir a los barrios a buscar este tipo de irregularidades e incumplimientos de los acuerdos para que no se desborden los precios de los alimentos de góndola. Es que ocho de cada diez argentinos compran en comercios barriales o chinos y sólo 2 de 10 van a los hipermercados. En pocas palabras, además de tener un perjuicio vía daño al bolsillo, de la canasta total que mide el INDEC tienen más peso los números de los comercios barriales, con aumentos muy fuerte, que los de los hipermercados.
En el caso de Coca Cola, ante la información recibida de subas muy por encima de lo permitido, la cartera que conduce Matías Tombolini desplegó una serie de operativos en los locales de cercanía y chinos y se vieron facturas de la firma a estos comercios. Esto arrojó varios datos: por un lado, «aumentos muy por encima de las pautas acordadas». Un ejemplo de esto, el agua Smart Water sin gas de 591 ml tuvo subas «flagrantes»; mientras que la Coca Cola de 2,25 litros, la más consumida en el país, tuvo subas muy por encima de la pauta. Es decir, cobran más caro en los barrios el mismo producto que venden a precio acordado en los hípermercados, donde el Estado tiene más facilidad de control.
Por lo anterior la Secretaría de Comercio formuló cargos contra Coca Cola por una supuesta infracción al artículo 4 de la ley 24.240 por presunto incumplimiento de los acuerdos. A hoy, la empresa recibió dos intimaciones, una en febrero y otra en marzo, y no respondió ninguna de las dos.
En el caso de Mastellone, las inspecciones en comercios del AMBA probaron que la empresa Logística La Serenísima dispuso en sus facturas aumentos de precios en varios productos de su cartera que superaron ampliamente los dos dígitos de promedio.
Según fuentes del Gobierno, Mastellone tiene una alianza con la francesa Danone para fabricar y vender las líneas de yogures y postres La Serenísima, quesos untables La Serenísima, Finlandia, Cremón y Casancrem. En este contexto, se registraron las siguientes irregularidades: hubo aumentos mayores a dos dígitos de promedio entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Por ejemplo, en el Yogurísimo Natural de 300 gr, el queso Finlandia de 180 gr, y el Yogur Ser colchón de frutas de 140 gr.
En el caso de la leche larga vida La Serenísima Parcialmente Descremada se observó una variación mensual del doble de la pauta permitida. Comercio se encuentra además preparando una imputación a Danone y Mastellone, pero hay más: existe en curso un monitoreo de cumplimiento de otras empresas como Nestlé, Aguas de Orígen (joint venture entre Danone y la cervecera chilena CCU para las aguas Villa del Sur y Ser), Quilmes y CCU. Lo que buscan es encontrar patrones de conducta que en lo contado anteriormente parecen casos aislados, pero que en realidad muestran el modo en que las empresas están eludiendo los acuerdos de precios de manera intencional.