Con la colaboración de académicos y la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense.
La primera matanza indígena del siglo XIX en llegar a los tribunales para ser investigada como delito de lesa humanidad, la de San Antonio de Obligado de 1887, está más cerca de tener su juicio de la verdad como ocurrió con la masacre de Napalpí de 1924, dados los últimos avances en la instrucción de la causa que incorporó la declaración de académicos y sumó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A finales de febrero, el fiscal federal de Reconquista tomó declaración al antropólogo y becario del Conicet Francisco Mora; y al historiador local Luciano Sánchez. Y el 9 y 10 de marzo se realizaron los primeros trabajos de sondeo en el área donde se supone que fueron enterrados al menos 16 de indígenas fusilados hace 136 años, tarea que estuvo a cargo del antropólogo Juan Nóbile del EAAF.
«Como no hay imputados porque todos fallecieron, se busca hacer una reconstrucción histórica y condenar los hechos como parte de un genocidio de Estado que es el encuadre de delito que permite llevar adelante una causa penal a pesar del tiempo transcurrido», dijo a Télam la abogada Cintia Chávez que representa a las cuatro comunidades denunciantes: An Añaxag y Qompi de Las Toscas, Dalaxay de San Antonio de Obligado y la Natocoi de Florencia, todas qom menos la última que es qom/moqoi.
La letrada explicó que «es muy importante investigar a través de una causa judicial porque eso permite acceder a archivos» y todo lo que se incorpora a la investigación es en calidad de pruebas testimoniales, documentales o periciales.
«Se está transitando un proceso con la misma rigurosidad que se aplica a cualquier otro delito y la idea es desterrar todas las versiones erróneas para lograr contar una historia lo más cercana posible a lo que efectivamente pasó», indicó.
En tanto, Sánchez, quien también es docente, apuntó que el contexto histórico de esta matanza fue tanto «la campaña al desierto verde -la mayoría de los reducidos fueron indígenas que iban siendo capturados en esas expediciones al Gran Chaco-» en el marco de la ampliación de la frontera, como también la consolidación de un Estado-Nación que se configuró «persiguiendo al distinto, en este caso a los indígenas».
Sánchez explicó que «una parte importante de las pruebas son los testimonios de los descendientes de sobrevivientes», quienes comparten un relato que se viene transmitiendo como memoria oral de generación en generación y cuyas «imprecisiones» son menos importantes que «la vigencia del tema en las comunidades», donde su recuerdo sigue produciendo «angustia y dolor».
«Si bien podemos hablar de diferentes avances, la realidad del indígena del norte argentino o del gran Chaco sigue siendo de mucha vulnerabilidad», agregó este historiador que inició su investigación a partir de las preguntas que surgieron cuando se encontró con el cuadro que Orlando Binaghi pintó en 1962 sobre el episodio.
Por su parte, Mora, del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social (Guias) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), recordó que la masacre de 1887 «es el primer registro» de una represión indígena dentro de una reducción -en este caso era religiosa-, lo que posteriormente se vio en Napalpí -de carácter estatal-, «porque hasta ese momento el accionar represivo de los ejércitos era fuera del territorio donde el Estado tenía autoridad».
«Los otros juicios (civiles y por la verdad sobre masacres indígenas) tenían algún tipo de testimonios de sobrevivientes; éste es el primero del siglo XIX y es el que abre la puerta para discutir más profundamente el genocidio indígena no solo en Chaco, sino también en la Patagonia», aseguró.
Fuente: Télam