Desde hace 7 años se busca modificar la Ley Nacional de SIDA para dar paso a la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis. El objetivo es poner fin a la discriminación.
El proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la tarde de ayer. Ahora, el proyecto se debatirá en la Cámara de Diputados.
La normativa vigente sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) data de 1990, y es la Ley Nacional de SIDA, o Ley 23.798. En su momento, la Argentina fue pionera en la región al sancionar esta ley, pero con el paso de tiempo, quedó desactualizada.
Ahora, el objetivo es introducir una perspectiva de Derechos Humanos en la respuesta a la salud. Se trata de una ley de avanzada, que pretende una ampliación de derechos.
Por empezar, no es lo mismo VIH que SIDA -Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida-. El hecho de ser seropositivo -es decir, positivo para VIH, no significa que se vaya a desarrollar SIDA, siempre que se reciba el tratamiento adecuado.
De hecho, numerosas asociaciones dedicadas a la temática, como Ciclo Positivo, insisten en la campaña I=I, Indetectable=Intransmisible. Esto es así porque, en la medida que el tratamiento avanza, el virus se vuelve indetectable en sangre, y por ende, intransmisible.
Además, el proyecto declara de interés público la producción nacional y pública de medicamentos e insumos, así como también de investigación, a efectos de garantizar la soberanía sanitaria.
Por otra parte, se establecería la posibilidad de acceder a una pensión no contributiva para las personas con VIH que no tengan las necesidades básicas satisfechas; así como también, una jubilación anticipada para quienes tienen el virus desde hace mucho tiempo, y no alcanzan los años de aportes. Esta medida se basa en el envejecimiento prematuro que puede producirse a raíz, tanto del virus como del tratamiento, pero esencialmente, por la discriminación de que fueron víctimas las personas que viven con el virus desde hace 30 años.
La actual Ley Nacional de SIDA prohíbe la discriminación laboral a personas con VIH. Sin embargo, se registran numerosas denuncias de incumplimiento a esta norma, por ejemplo, cuando se solicita la prueba de sangre para VIH antes de acceder a un nuevo trabajo.